En el Estado español, con frecuencia, se están dictando distintas resoluciones del Tribunal Supremo, el Constitucional y la Audiencia Nacional que, con una interpretación abusiva de la ley, son una clara vulneración de los derechos civiles y políticos. Esta dinámica genera indefensión en la ciudanía, a la vez que alarma social producto de la creciente falta de confianza en la tarea del Poder Judicial.
Todos tenemos en la memoria casos tan escandalosos como el de la Manada, Castor, Palma Arena, Nóos, jóvenes de Altsasu; el No Caso 14N, sentencias que vulneran claramente la libertad de expresión (Valtònyc, Pablo Hasél,..) y recientemente respecto a los bebés robados. En casos similares, se ha tenido que recurrir al Tribunal de Justicia de Estrasburgo que, muchos años más tarde, finalmente ha dictado sentencia a favor de los afectados, como en el caso de la Mesa del Parlamento Vasco, el caso del diario Egunkaria, el caso de los jóvenes de Girona por la quema de fotos del rey, etc.
Las malas prácticas clientelares en el ascenso a la carrera judicial ha comportado que todavía perdure una reducida cúpula de magistrados que son ascendidos por designación política a los máximos cargos de la administración judicial, sin que esta promoción responda a méritos profesionales sino a su adscripción ideológica. Este mecanismo de designación atenta contra el principio de la división de poderes, siendo un auténtico fraude en el núcleo mismo del sistema democrático. Con estos nombramientos, podemos afirmar que el Poder Judicial es uno de los poderes que todavía no ha llevado a cabo un paso efectivo de democratización que suponga una ruptura con la época franquista.
Esta anomalía en el funcionamiento de la Justicia española, se ha puesto de manifiesto en el informe GRECO1 del Consejo de Europa que, en cuatro informes consecutivos, incluyen advertencias y denuncias por malas prácticas realizadas de forma continuada en el tiempo. Los informes GRECO concluyen la absoluta parcialidad de los altos estamentos de la Justicia española como consecuencia de su designación por un órgano politizado como es el CGPJ2.
A la vez, la aprobación y la aplicación irregular y abusiva de instrumentos jurídicos como la ley mordaza, la ley de partidos, etc., que, junto a los traslados de expedientes al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional comportan situaciones de indefensión de la ciudadanía y son una coartada que favorece la aplicación de medidas de excepción incomprensibles en ausencia de violencia (prisión incondicional sin fianza, inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, elevadas multas disuasorias, embargos de patrimonio, confinamiento territorial, etc.). Tampoco es admisible que las políticas penitenciarias conlleven medidas de represión o alejamiento que comportan daños a las familias. Esta dura actuación va acompañada de la permisividad por parte de la judicatura con las actitudes violentas de grupos racistas y fascistas (València, Blanquerna, …), que hacen pensar en una alarmante deriva.
Y todavía más, la judicialización de la política ha permitido durante años que el Gobierno Español actúe a través de la Fiscalía para combatir modelos sociales y económicos alternativos, la disidencia política, prohibiendo mecanismos de consulta y participación popular, actuaciones que son un grave atentado contra los derechos civiles y políticos y que debilitan, cada día más, la calidad democrática.
Hay que recordar que sólo en Catalunya hay más de 1.200 personas imputadas e investigadas, más de 700 son autoridades locales y otros cargos electos, los cuales han visto gravemente afectados sus derechos individuales y colectivos por actuaciones pacíficas y no violentas en el ejercicio de su cargo. Aunque todavía no se han celebrado los juicios y por lo tanto todo el mundo debería tener el derecho de presunción de inocencia, la acción de la Justicia Española está comportando prisión incondicional sin fianza, inhabilitaciones preventivas e injerencias graves en el funcionamiento de las instituciones (Parlament y ayuntamientos), vulnerando el resultado de las elecciones.
Todas estas prácticas contrastan con las respuestas que han dado los tribunales de los países europeos (Alemania, Bélgica y Gran Bretaña) a la petición de extradición que ha emitido la Justicia Española, a los cargos políticos exiliados, acusados injustamente por rebelión y sedición.
En los últimos tiempos, se están abriendo insólitos procesos penales en muchos territorios, Andalucía, Madrid, La Rioja, … imponiendo incluso penas de prisión a personas que participaban en protestas pacíficas sin respetar el derecho a la protesta y la libertad de expresión y manifestación. Otra de las manifestaciones alarmantes es la aplicación del artículo 315.3 del Código Penal, con reminiscencias franquistas, contra los sindicalistas que participan en huelgas y manifestaciones, que ha comportado más de 300 personas encausadas. Todas estas circunstancias serían inimaginables, teniendo en cuenta la total ausencia de violencia, en los hechos que se juzgan y contrastan con el trato dispensado a personajes como Urdangarin, Rato o Bárcenas que han gozado de libertad durante sus procesos judiciales.
Y es de destacar el modelo de impunidad mantenido por el poder judicial en relación con la falta de investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. Desde el ámbito judicial se sostiene la política de impunidad desde dos planos: Por un lado obstaculizando gravemente la tramitación de la causa penal que se instruye en el Juzgado de Buenos Aires (la denominada Querella Argentina), denegando las órdenes de detención y los pedidos de extradición de los imputados, negándose a tomar declaración indagatoria a los propios imputados, etc… y, por otro, inadmitiendo a trámite las querellas criminales que se presentan en los Tribunales del Estado español. En este sentido se enmarca la no admisión de las querellas contra Antonio González Pacheco (Billy el niño).
Sentencias como la de la Manada ponen en evidencia que el Poder Judicial tiene todavía que asumir que la violencia hacia las mujeres no es una cuestión individual, ni privada, sino que es una cuestión de dimensión social y política. La violencia ejercida contra las mujeres es una alta negación de los derechos humanos y la evidencia del dominio patriarcal que se ejerce provocando que las mujeres no puedan lograr su pleno desarrollo como seres humanos y ciudadanas de pleno derecho. La violencia machista es una de las peores lacras de las sociedades y el Poder Judicial tiene que formarse para incrementar su sensibilidad social y contribuir a su erradicación.
También son llamativas las dificultades que encuentran las organizaciones ambientales y otras organizaciones sociales en su acceso a la justicia: condenas en costas, restricciones a la justicia gratuita, fianzas inasumibles para parar obras que luego se acaban demostrando ilegales una vez terminadas… son la norma más que la excepción.
Las personas racializadas y migrantes sufren vulneraciones flagrantes de sus derechos ante los tribunales. Desgraciadamente el estamento judicial no suele aplicar el artículo 510 del Código Penal, pensado para proteger colectivos históricamente discriminados (mujeres, homosexuales, negros, gitanas, etc.). Y el mero hecho de ser personas extranjeras o racializadas las convierte sistemáticamente en sospechosas.
En el caso reciente de las hipotecas, la desigual capacidad de reacción del Poder Judicial para frenar una sentencia que era desfavorable a la banca, son un claro indicador que pone en cuestión la neutralidad de la justicia española. En cambio, por su falta de sensibilidad ambiental no contribuye a frenar los delitos ecológicos, que a menudo quedan impunes.
Por todo esto, NO HAY JUSTICIA quiere ser un espacio social de denuncia contra todas estas vulneraciones de derechos y, por esto, os proponemos llevar a cabo una movilización conjunta, impulsada desde muchos ámbitos, para denunciar las irregularidades manifiestas del Poder Judicial Español.
En este sentido os convocamos para el próximo 15 de diciembre en Madrid, delante de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, a manifestarnos para visibilizar, todavía más, los fuertes déficits democráticos que se arrastran desde el franquismo.
Queremos poner en evidencia que el poder judicial protege las élites y que la judicialización de la vida política es un mecanismo que se aplica sistemáticamente contra toda forma de discrepancia política que quiere ser transformadora y que pretende actuar para superar el régimen de 1978. Por todo esto, denunciamos que, ahora hace 40 años, se instauró una transición que pretendía blindar la monarquía, perpetuar los privilegios de las oligarquías y restringir los derechos civiles y políticos, tanto de la ciudadanía como de las diversas Naciones del Estado español.
1 Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)
2 Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
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