El acuerdo de presupuestos entre Vox, PP y Ciudadanos en Andalucía recoge una partida de 15 millones de euros en concepto de “costes indemnizatorios” que se incluirá en las cuentas de 2020, las que se tienen que aprobar el próximo otoño.
Esa partida, además del discurso que viene manteniendo el Gobierno y también sus socios, sobre la administración de la Junta cuya labor se desarrolla a través de agencias públicas y otros entes instrumentales, bautizada en tono despectivo como “administración paralela”, ha causado una honda inquietud en los trabajadores y trabajadoras públicos y en los partidos de la oposición, PSOE y Adelante Andalucía, que temen que, en cuanto el Gobierno se asiente, ejecute despidos en la administración.
Los socialistas se pasaron toda la semana pasada denunciando que los planes del nuevo Gobierno sobre los entes instrumentales consistían en un “ataque sin precedentes a los servicios públicos” que podrían desembocar en el despido de hasta 9.000 trabajadores públicos.
El acuerdo de los ultras con PP y Ciudadanos recoge la partida de “costes indemnizatorios” en su punto 15, bajo el epígrafe “impulso económico a la reducción del sector público instrumental”. Antes, en el mismo punto, se puede leer lo siguiente: “En la línea de alcanzar en la necesaria reestructuración del sector público andaluz, [se busca] impulsar […] la adopción de medidas ejecutivas que permitan racionalizar la estructura de los diferentes entes llevando a cabo su supresión, reducción o reorganización de funciones de dichos entes o del personal asignado a los mismos”.
¿De dónde sale la cifra de 9.000 empleados públicos? El diputado Alonso de Vox dijo las siguientes palabras en una intervención de hace unas semanas: “Hay gastos de personal que no son fáciles de reconducir. De 9.500 personas, según el informe, 9.000 son a dedo. Hay que tomar decisiones de calado, responsables y de mucha consideración. Hay que eliminar del árbol la rama seca para que brote la rama nueva”.
Alonso se refería a la auditoría que la Intervención de la Junta hizo sobre 12 agencias públicas, que tienen plantillas que suponen el 34 % de toda la "administración paralela" de la Junta, y que sirvió al Gobierno andaluz para señalar a 9.000 trabajadores públicos. En esos doce entes trabajan 9.461 personas, de los que 498 personas son funcionarias.
Este miércoles, tras la denuncia del PSOE, Vox salió al paso para decir que, en "ningún caso se ha hablado de despidos ni de trabajadores ni de condiciones de trabajo, sino que lo que se hace es simplemente sentar las bases para que se produzca esa cambio de estructura”. El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, agregó, según recoge Europa Press: "No se trata de amortizar y eliminar puestos de trabajo sin más. Ese no es el objetivo de las propuestas que ha hecho Vox en los presupuestos ni creemos que sea el objetivo del Gobierno”.
Las entidades que fueron objeto de la auditoría por parte de la Intervención General son la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID), el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA), la Agencia Pública de Educación (APAE), la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC).

Eficiencia en la gestión

Tanto PP como Ciudadanos, los partidos que gobiernan la Junta, han defendido que lo que está sucediendo es que el Gobierno andaluz está está inmerso en el proceso de auditar los entes instrumentales "de forma serena pero sin pausa”. "Analizar, tomar decisiones y mejorar la eficiencia”. Ahora, según dijo Sergio Romero, portavoz parlamentario de Ciudadanos, “estamos en un proceso para redimensionar y hacer la administración autonómica más eficiente y ágil, reduciendo todo lo que sobra".
Romero defendió que, si bien hay muchos empleados públicos con derechos adquiridos capaces de hacer un trabajo "por Andalucía y no para un partido político", "cuando haya un empleado público de brazos cruzados, lo más lógico será colocarlo donde sea productivo, y esto es lo que hará la Junta”. Romero agregó que "no se va a echar a nadie" sino que van a intentar "tener por fin una administración pública mucho más ágil, eficiente, productiva, mejor y que redunde en una mejor calidad de vida de los andaluces".
Luego, Romero le dedicó un mensaje al PSOE: "Es legítimo que cada uno se preocupe por sus amiguetes pero la Junta lo que hace, sin complejos ni temblor de pulso, es evaluar la mastodóntica administración paralela que montó el PSOE-A”.
Lo mismo hizo el PP. Su portavoz parlamentario, José Antonio Nieto, utilizó la misma estrategia que Romero. Por un lado, fue muy duro con el PSOE: Si lo que le preocupa al PSOE, dijo, es que alguna gente que entró por "la puerta de atrás", como excargos socialistas, sin exigírseles criterios de concurrencia, mérito y capacidad, puedan tener en riesgo esa prebenda que de forma irregular se les dio, en ese caso es posible "que eso ocurra", en referencia a posibles despidos, según recoge Europa Press.
Y, por otro, trató de tranquilizar al personal laboral de la Junta: Ningún trabajador de la Junta que haya accedido a su puesto de trabajo según los criterios legales y constitucionales de concurrencia, capacidad y mérito debe tener "ninguna duda de que su puesto de trabajo está absolutamente asegurado" y además a lo largo del próximo año se verá "reforzado y mejorado porque va a recuperar derechos que anteriormente le fueron arrebatados”, dijo el portavoz del PP.
El Gobierno dijo algo parecido. El consejero de la Presidencia dijo el pasado lunes, que la Junta "analiza en profundidad cada uno de los entes instrumentales”. para hacerlos "más eficaces” y que ello "no conlleva necesariamente despidos".Bendodo puso un ejemplo. La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, dijo el consejero, es el exponente del "modelo socialista de gestión pública" que el actual Ejecutivo quiere cambiar.
Bendodo criticó que la agencia, con 483 empleados, contaba con un presupuesto de 24 millones de euros de los que "18 son para pagar nóminas, cinco para gastos generales", de forma que sólo "un millón queda para la acción cultural" en la comunidad, es decir, para el fin por el que se crea la entidad. El consejero dijo que el socialismo "ha extendido ese modelo" de gestión "en infinidad de órganos" de la comunidad, que "se inflan de personal" y luego sólo "una ínfima cantidad" de su presupuesto "va para el fin para el que se constituyó".
Más allá de la propaganda de los partidos de derecha, que, según la oposición, lo que persigue es, después de desprestigiar el trabajo, acabar por privatizar el servicio en cuestión, despedir trabajadores públicos no es fácil ni sencillo y no se puede hacer así como así y, desde luego, no caben los despidos por motivos ideológicos.
Los empleados públicos que fueron despedidos por la Junta de Andalucía cuando gobernaba el PSOE, han logrado 725 sentencias favorables (689 despidos nulos y 36 improcedentes) de un total de 740. El coste de las sentencias supera los 41 millones, de los que se han pagado ya 27,4 millones, según recoge esta información del periodista Ángel Munárriz en infolibre.es, en la que se relata que ya el Gobierno del PSOE trató de reducir el coste de algunos entes instrumentales y eliminar otros.

Extrema gravedad

"Que se haya dicho que sobran 9.000 trabajadores públicos de la Junta nos parece una cuestión de extrema gravedad", lamentado el socialista José Fiscal, quien rompió una lanza por los trabajadores públicos y quiso dejar claro que estos empleados realizan "una labor absolutamente y complementaria al trabajo de los miles y miles de funcionarios que desempeñan su labor en la Junta”.
A su juicio, "detrás de todo esto está la privatización de servicios, tras este ataque furibundo y sin precedentes a los trabajadores públicos porque está en el ADN de la derecha y lo han hecho allí donde han gobernado. Primero denigran a los trabajadores, luego dicen que sobran y luego privatizan los servicios".
El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, manifestó que el presidente de la Junta iba a tener que explicar en el Parlamento cuáles son sus intenciones porque en su opinión, se está produciendo un ataque "sistemático, organizado y pormenorizado a todos y cada uno de los entes que conforman el sector público andaluz”. “Hay un claro acto de persecución a los trabajadores públicos por meras cuestiones ideológicas y de concepción de una administración pública que quieren desmontar, atacar y privatizar”, remachó Jiménez.
La portavoz de Adelante Andalucía, Inma Nieto, considera algo parecido. “Lo vistan como lo vistan, las tres derechas traen una hoja ruta de adelgazamiento del sector público y de demonización de quienes trabajan para lo público”. A su juicio, la preocupación de los trabajadores del sector público "es fundada”: "Hay una hoja de ruta para hacer más pequeño lo público y colocarlo en manos privadas", algo que "agravará los ya muy complicados problemas que tiene Andalucía”.
Y si se está hablando de otra cosa, de ilegalidades y de enchufes, como insinúan los portavoces de PP y Ciudadanos, Nieto instó al Gobierno de la Junta a acudir al juzgado en el caso de que haya detectado "contratos ilegales".