Medidas para la igualdad entre hombres y mujeres.

1. Plan estatal de lucha contra las violencias machistas con una dotación anual de 600 millones. Así tomaremos como una cuestión de Estado la libertad y la reparación de las mujeres que sufren violencias machistas. Esto implica la garantía de que los procesos de denuncia y judiciales tengan perspectiva de género y de que el conjunto de profesionales que intervienen en ellos tengan la formación necesaria. También, que la carga de la vigilancia y el control recaigan sobre los agresores y de que implementaremos con carácter inmediato el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al tiempo trabajamos para promover un horizonte de prevención más ambicioso.
2. Pasar del "no es no", al "solo sí es sí". Aprobaremos una ley para la protección de la libertad sexual de todas las personas y la erradicación de las violencias sexuales, que garantizará que las mujeres tengan el mismo derecho que los hombres a ocupar el espacio público y privado sin sentir miedo a ser violadas y que todas las personas puedan ejercer su sexualidad con libertad. Esto significa colocar el consentimiento en el centro del debate político en torno a las relaciones sexuales, pasar del «No es no» al «Solo sí es sí» y que esta sea la pauta que se siga en cualquier relación.
3. Instaurar la paridad en las Administraciones Públicas y en los organismos financiados con dinero público. La redacción actual de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres solo establece la paridad en estos casos como una recomendación y tenemos que conseguir que la paridad sea efectiva en nuestras instituciones y en las que financiamos con nuestro dinero. En el plazo de cuatro años, los distintos órganos públicos, como el Consejo de Ministros y Ministras, tribunales de justicia como el Tribunal Supremo —donde la proporción de mujeres no llega al 15 %— y las entidades cuya financiación proceda en una proporción relevante de dinero público, como la Real Academia de la Lengua —donde solo hay 8 mujeres en 46 sillones—, deberán tener una composición paritaria. De no ser así, se retirará la financiación pública.
4. El enfoque del horizonte morado, con unos cuidados garantizados en todos los periodos de la vida: 0 a 3 años, permisos, jornada de 34 horas, dependencia...
5. onstitución decididamente feminista que, entre otros, definirá los cuidados como un derecho fundamental. Se llevará a cabo, además, un desarrollo legislativo que considere los cuidados una responsabilidad social inseparable de la vida misma y que garantice su acceso y su provisión de manera universal a partir de una dotación presupuestaria suficiente y de unos servicios públicos adecuados.
6. Poner en marcha un Plan Integral de Compensación, Reparación y Recuperación de la Autonomía para mujeres que padecen violencias machistas Este plan incluirá una prestación de garantía de vida para mujeres víctimas de violencias machistas, destinada a evitar que la falta de autonomía económica sea un factor que perjudique la salida de una relación de violencia machista de cualquier tipo. La prestación supondrá un mínimo equivalente al salario mínimo interprofesional (900 euros) durante 6 meses prorrogables, que se incrementará según el número de personas que cada mujer tenga a su cargo.
7. Actualizar la definición de violencia machista para que recoja todas las formas de violencia contra las mujeres. La definición actual se encuentra limitada a la violencia ejercida por parejas y exparejas, lo que priva de una protección equiparable al resto de mujeres que sufren violencia, por ejemplo, por parte de desconocidos o de jefes y compañeros de trabajo. Por eso se actualizará esta definición conforme a lo que exige el Convenio de Estambul y se diseñarán medidas para que estas protecciones puedan extenderse a las mujeres que se enfrentan a la discriminación interseccional.
8. Acabar con la brecha salarial. Acabar con la brecha salarial a través de una ley de igualdad retributiva que analizará las remuneraciones y considerará discriminación una brecha de más del 20 % en las retribuciones de las empresas, de manera que deberán justificarlas ante los tribunales. Las grandes empresas tendrán que realizar auditorías salariales y enfrentarse a sanciones en caso de negativa.
9.                                          V O T A