POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

El secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se sienta en su escaño del Congreso. /EFE

¿Cuáles son las políticas activas de empleo que ha pedido Iglesias en su última oferta?

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MADRID

25/07/2019 15:00 Actualizado: 25/07/2019 15:10

Fuente: PÚBLICO

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha hecho desde la tribuna del Congreso de los Diputados una última oferta a Pedro Sánchez para conformar gobierno. Iglesias ha pedido, concretamente, las competencias en "políticas activas de empleo". Pero, ¿qué significa esto?

Significa, concretamente, tener competencias para elaborar el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE), que contiene servicios y programas de políticas activas de empleo que se proponen llevar a cabo las Comunidades Autónomas, tanto las financiadas mediante fondos estatales, distribuidos de acuerdo con los criterios objetivos acordados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, como con recursos económicos propios, así como las acciones y medidas que va a realizar, en su ámbito de competencia, el propio Servicio Público de Empleo Estatal.

Se trata, por tanto, de unas competencias que permiten al Ejecutivo central diseñan el marco general de estas políticas activas, pero que, en la práctica, son las comunidades autónomas las que ejecutan estas políticas y eligen entre las medidas propuestas por el Ejecutivo central. 

Según informa eldiario.es, el presupuesto que tenía destinado el Gobierno dePedro Sánchez en 2019, que finalmente no fue aprobado, para políticas activas de empleo era de 5.985 millones. Asimismo, también señala que entre 2012 y 2017 unos 40 millones de personas han sido atendidas por los servicios nacionales de empleo, que en realidad son alrededor de 12 ya que hay que tener en cuenta que el mismo desempleado puede haber acudido varias veces a estos servicios.

Más específicamente, el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo, establece como instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo la Estrategia Española de Activación para el Empleo, regulada en el artículo 10 de la ley; los Planes Anuales de Política de Empleo, definidas en el artículo 11; y, por último, el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo. 

La Estrategia Española de Activación para el Empleo

La Estrategia Española de Activación para el Empleo, regulada en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 3/2015, se elabora en colaboración con las comunidades autónomas y con la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Así, esta estrategia incluye los siguientes elementos: 

a) Análisis de la situación y tendencias del mercado de trabajo.

b) Principios de actuación y objetivos estratégicos y estructurales a alcanzar en
materia de políticas de activación para el empleo, incluyendo políticas activas de empleo y de intermediación laboral, para el conjunto del Estado.

c) Marco presupuestario, fuentes de financiación y criterios de gestión de los fondos.

Asimismo, esta estrategia debe reflejar las políticas activas de empleo y de intermediación laboral que se desarrollan en el conjunto del Estado, e incluirá tanto los servicios y programas que realizan los servicios públicos de empleo con fondos estatales como los que las comunidades autónomas realizan con recursos
económicos propios.

Los Planes Anuales de Política de Empleo

Los Planes Anuales de Política de Empleo están regulados en el artículo 11 del citado Real Decreto Legislativo. Según este artículo, los Planes Anuales de Política de Empleo concretarán, con carácter anual, los objetivos de la Estrategia Española de Activación para el Empleo a alcanzar en el conjunto del Estado y en cada una de las distintas comunidades autónomas así como los indicadores que se utilizarán para conocer y evaluar anualmente el grado de cumplimiento de los mismos.

Asimismo, para alcanzar estos objetivos, contendrán la previsión de los servicios y
programas de políticas activas de empleo y de intermediación laboral que se proponen llevar a cabo, tanto las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias de ejecución en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral como el Servicio Público de Empleo Estatal en su ámbito competencial.

Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo

El Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo se configura como un sistema de información común que se organizará con una estructura informática integrada y compatible, y será el instrumento técnico que integrará la información relativa a la intermediación laboral, a la gestión de las políticas activas de empleo, y de la protección por desempleo, que realicen los servicios públicos de empleo en todo el territorio del Estado.

Este sistema garantizará que se lleven a cabo de forma adecuada las funciones de
intermediación laboral, sin barreras territoriales; el registro de las personas demandantes de empleo, la trazabilidad de las actuaciones seguidas por estas en su relación con los servicios públicos de empleo; las estadísticas comunes; la comunicación del contenido de los contratos; el conocimiento de la información resultante y el seguimiento, entre otros ámbitos, de la gestión de la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, la orientación profesional, las iniciativas de empleo y las bonificaciones a la contratación, así como las actuaciones de las agencias de colocación.

El sistema permitirá la evaluación, el seguimiento y control de la utilización de fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado o de la Unión Europea para su justificación.

Medidas para la igualdad entre hombres y mujeres.

1. Plan estatal de lucha contra las violencias machistas con una dotación anual de 600 millones. Así tomaremos como una cuestión de Estado la libertad y la reparación de las mujeres que sufren violencias machistas. Esto implica la garantía de que los procesos de denuncia y judiciales tengan perspectiva de género y de que el conjunto de profesionales que intervienen en ellos tengan la formación necesaria. También, que la carga de la vigilancia y el control recaigan sobre los agresores y de que implementaremos con carácter inmediato el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al tiempo trabajamos para promover un horizonte de prevención más ambicioso.
2. Pasar del "no es no", al "solo sí es sí". Aprobaremos una ley para la protección de la libertad sexual de todas las personas y la erradicación de las violencias sexuales, que garantizará que las mujeres tengan el mismo derecho que los hombres a ocupar el espacio público y privado sin sentir miedo a ser violadas y que todas las personas puedan ejercer su sexualidad con libertad. Esto significa colocar el consentimiento en el centro del debate político en torno a las relaciones sexuales, pasar del «No es no» al «Solo sí es sí» y que esta sea la pauta que se siga en cualquier relación.
3. Instaurar la paridad en las Administraciones Públicas y en los organismos financiados con dinero público. La redacción actual de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres solo establece la paridad en estos casos como una recomendación y tenemos que conseguir que la paridad sea efectiva en nuestras instituciones y en las que financiamos con nuestro dinero. En el plazo de cuatro años, los distintos órganos públicos, como el Consejo de Ministros y Ministras, tribunales de justicia como el Tribunal Supremo —donde la proporción de mujeres no llega al 15 %— y las entidades cuya financiación proceda en una proporción relevante de dinero público, como la Real Academia de la Lengua —donde solo hay 8 mujeres en 46 sillones—, deberán tener una composición paritaria. De no ser así, se retirará la financiación pública.
4. El enfoque del horizonte morado, con unos cuidados garantizados en todos los periodos de la vida: 0 a 3 años, permisos, jornada de 34 horas, dependencia...
5. onstitución decididamente feminista que, entre otros, definirá los cuidados como un derecho fundamental. Se llevará a cabo, además, un desarrollo legislativo que considere los cuidados una responsabilidad social inseparable de la vida misma y que garantice su acceso y su provisión de manera universal a partir de una dotación presupuestaria suficiente y de unos servicios públicos adecuados.
6. Poner en marcha un Plan Integral de Compensación, Reparación y Recuperación de la Autonomía para mujeres que padecen violencias machistas Este plan incluirá una prestación de garantía de vida para mujeres víctimas de violencias machistas, destinada a evitar que la falta de autonomía económica sea un factor que perjudique la salida de una relación de violencia machista de cualquier tipo. La prestación supondrá un mínimo equivalente al salario mínimo interprofesional (900 euros) durante 6 meses prorrogables, que se incrementará según el número de personas que cada mujer tenga a su cargo.
7. Actualizar la definición de violencia machista para que recoja todas las formas de violencia contra las mujeres. La definición actual se encuentra limitada a la violencia ejercida por parejas y exparejas, lo que priva de una protección equiparable al resto de mujeres que sufren violencia, por ejemplo, por parte de desconocidos o de jefes y compañeros de trabajo. Por eso se actualizará esta definición conforme a lo que exige el Convenio de Estambul y se diseñarán medidas para que estas protecciones puedan extenderse a las mujeres que se enfrentan a la discriminación interseccional.
8. Acabar con la brecha salarial. Acabar con la brecha salarial a través de una ley de igualdad retributiva que analizará las remuneraciones y considerará discriminación una brecha de más del 20 % en las retribuciones de las empresas, de manera que deberán justificarlas ante los tribunales. Las grandes empresas tendrán que realizar auditorías salariales y enfrentarse a sanciones en caso de negativa.
9.                                          V O T A                                     
   
   
   
   

LIBRO RECOMENDADO: Revolución feminista y políticas de lo común frente a la extrema derecha .

       El feminismo y la política de lo común es hoy el mejor antídoto que tenemos frente a la extrema derecha. Fruto de las contradicciones del neoliberalismo globalizador y de la connivencia de partidos conservadores, socialdemócratas y socioliberales con la mundialización financiera y el capital especulativo, la extrema derecha se ha presentado como una resistencia de fácil acceso contra los desmanes de las oligarquías políticas y las élites económicas.

No hay duda de que hay quien ha sabido aprovechar la fuerza de estos vientos para vehicular la rabia y el resentimiento, pero también hay quien ha sabido canalizarla hacia una contestación de signo diferente. La misma conciencia de la vulnerabilidad y la dependencia que ha dado lugar a la extrema derecha, ha encontrado en el feminismo un tejido bien trabado que ha puesto en contraste la política de los muros y la política de los cuerpos.

Si la extrema derecha apela a un imaginario de lo común en clave reaccionaria, la filosofía relacional de este feminismo lo reivindica poniendo en valor la revolución de los cuidados y de los afectos.

Que nadie se llame a engaño.